viernes, 17 de junio de 2016

Advertencia de la AN a paises que quieren intervenir el Arco Minero del Orinoco

AN advertirá a países acreedores del “Arco Minero” que sus contratos serán desconocidos
Américo De Grazia afirmó que los contratos y deudas relativas a este respecto serán "lo que en el mundo comercial se conoce como deudas odiosas, deudas que no tienen respaldo de nuestra nación", luego de que la Asamblea Nacional rechazara y desaprobara -mediante un Acuerdo- el decreto dictado por el mandatario Nicolás Maduro que pretendía autorizar el referido proyecto
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Publicada por: Andrés Herrera el 14 junio, 2016 -  andreduardo@gmail.com  @AndrEduardo


Video: Alex Urbina / Sumarium
(Caracas, Venezuela) – Américo de Grazia, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aseguró que el decreto presidencial de creación del “Arco Minero del Orinoco” viola 11 artículos de la Constitución nacional, por lo que no debe ser acatado y no se reconocerán las deudas al respecto una vez el chavismo salga del Poder Ejecutivo.
En una entrevista exclusiva con Sumarium, luego de que la AN rechazara y desaprobara -mediante un Acuerdo- el decreto dictado por el mandatario Nicolás Maduro que pretende autorizar la explotación del denominado “Arco Minero del Orinoco”, De Grazia anunció que el Parlamento lanzará la “alerta” a los 35 países y más de 150 empresas transnacionales interesadas en el proyecto que los contratos con el mismo carecen de validez, pues Maduro se saltó el paso constitucional de presentarlo a la AN para su visto bueno.
“El hecho de que nosotros aprobemos en el seno de la AN un Acuerdo de esta naturaleza debe advertir, y nosotros tenemos que comunicarle a los 35 países que están firmando convenio con Venezuela y las 150 empresas transnacionales que se han dignado en ofrecer su oferta comercial, que éstas no tienen ningún tipo de validez si no son avaladas por la AN“, expresó.
En tal sentido, resaltó la irregularidad del decreto rechazado, que “exime a la AN de que un contrato de interés público sea revisado” a pesar de lo que ordena el artículo 150 de la Constitución.
De Grazia afirmó que los contratos y deudas relativas a este respecto serán “lo que en el mundo comercial se conoce como deudas odiosas, deudas que no tienen respaldo de nuestra nación”.
RECURSOS Y DERECHOS AFECTADOS
El parlamentario recordó que con el llamado “Arco Minero del Orinoco” se comprometerían y afectarían delicados recursos en 118.847 kilómetros cuadrados, tales como: “nuestros suelos, nuestras aguas, nuestros bosques, nuestra central hidroeléctrica, nuestras etnias indígenas y la reserva acuífera más importante que tiene el país”.
Asimismo, resaltó que los derechos de reunión, protesta, entre otros, se verían gravemente lesionados con el decreto presidencial, pues “criminaliza cualquier tipo de actividad que conlleve a oponerse” al nuevo proyecto del chavismo.
Por otra parte, el diputado denunció la persistencia de las “mafias del oro” en la zona del “Arco Minero del Orinoco”, las cuales -aseguró- “operan gracias a políticas instrumentadas por una cúpula militar que utiliza a los pranes (líderes negativos carcelarios), les de da armas de la República y los convierte en agente de represión”.
“Quieren legitimar el negocio a como dé lugar”, apuntó, al tiempo que resaltó que las ganancias proyectadas por el Gobierno para diez años con ese proyecto representan menos de 10% de lo que ingresó por la venta de petróleo en los últimos diez años.

jueves, 16 de junio de 2016

Crimen de lesa humanidad explotación del Arco Minero del Orinoco

Asevera Rómulo Dommar
AN TOMÓ LA ÚNICA DECISIÓN POSIBLE EN RELACIÓN AL ARCO MINERO
La propuesta del Ejecutivo Nacional involucra un crimen ecológico que tardaría generaciones para ser resarcido. La pretensión incluye la destrucción de ecosistemas sumamente frágiles y áreas de enorme vocación agropecuaria.

La propuesta mediante la cual el gobierno nacional pretende la explotación del pomposamente llamado Arco Minero del Orinoco constituye en si misma una aberración que ningún país que pretenda decirse moderno y responsable se puede permitir, declaró el líder ecologista Rómulo Dommar Pasarella. La pretensión de recoger dólares a través  de la venta de los ingentes recursos minerales que se encuentran en el área comprendido en el pomposamente llamada Arco Minero es una nueva intentona del Madurismo de buscar oxigeno que le permita alargar su estadía frente al ejecutivo nacional. La propuesta del Ejecutivo Nacional involucra un crimen ecológico que tardaría generaciones para ser resarcido. La pretensión incluye la destrucción de ecosistemas sumamente frágiles y áreas de enorme vocación agropecuaria. Es por ello que estoy convencido de que la Asamblea Nacional tomó la única decisión posible en relación al Arco Minero, la AN estaba obligada a vetar, a obstaculizar la intentona gubernamental de destrozar un área equivalente al 15 % del territorio nacional con la insana intención de obtener dólares que muy probablemente tendrían el mismo destino que los dólares de la industria petrolera. Dommar también apuntó que lo más indignante de esta pretensión del gobierno nacional es que la zona encerrada en el Arco Minero, en su mayoría, es una zona de enormes ventajas comparativas y competitivas  en el área agropecuaria, es decir, es una zona que debería servir de pivote fundamental para la producción de alimentos que tanta falta nos hacen en estos momentos. La zona contemplada en el decreto incluye a la cuenca del Rio Paragua, reconocido como “El Granero de Venezuela” por su enorme vocación como productora de Maíz para consumo humano, la cuenca del Yocoima, icono de la producción lechera nacional, la cuenca del Caura y el Aro, virtuosas productoras de raíces y tubérculos, musáceas, Cacao y ganadería de carne, la cuenca del Rio Caroní, garante de la alimentación hidroeléctrica del 70% del consumo nacional y la totalidad de los compromisos internacionales que en esta materia tiene el país. Resulta un contrasentido que, en pleno siglo XXI y bajo la egida de los sistemas de producción autosustentables, exista un gobierno, el desgobierno venezolano, que se esté planteando la perpetración de un bestial crimen ecológico que reviste características de crimen de lesa humanidad.

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Protesta ante el TSJ contra explotación del Arco Minero

Re: CONCENTRACIÓN FRENTE AL TSJ EN LA AVENIDA BARALT DE CARACAS MARTES 31 DE MAYO DE 2016


Recibidos
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Nalua Silva

23:34 (hace 0 minutos)
para bcc: 
Aquí les envío una información sobre el movimiento nacional contra el Arco Minero del Orinoco. Allí pueden ver la declaración que agrupa a gente de todas las tendencias políticas pues la defensa de nuestro país a fin de evitar un ecocidio más, afectación a las comunidades y un "raspa la olla" ha convocado a muchas personas. El arco minero tendrá un impacto importante en nuestra región, en el tercer vínculo pueden ver la declaración y si quieren adherirse envíen un correo al foro que promueve un amparo que se introducirá el martes que viene en la dirección    aguasiorono@gmail.com           mi firma es la 
Saludos,
Nalúa

ACOMPAÑEMOS LA SOLICITUD DEL RECURSO DE NULIDAD DEL DECRETO DEL ARCO MINERO. TODAS Y TODOS A LA CONCENTRACIÓN FRENTE AL TSJ EN LA AVENIDA BARALT DE CARACAS


MARTES 31 DE MAYO DE 2016

HORA: 10:00 a.m.


Nota con algunas manifestaciones de los firmantes: 

Reseña de la Reunión Nacional de la Plataforma por Nulidad del Decreto del Arco Minero:

Firmas actualizadas de la declaración 

Detener el ecocidio minero en la cuenca del Orinoco es urgente 

Fatal para Guayana explotación del Arco Minero

LA EX MINISTRA DEL AMBIENTE AFIRMÓ QUE AL MENOS 20 ETNIAS INDÍGENAS SERIAN AFECTADAS.
EL NACIONAL WEB15 DE ABRIL 2016 - 02:21 PM
LA EX MINISTRA DEL AMBIENTE, ANA ELISA OSORIO, AFIRMÓ QUE LA EXPLOTACIÓN DEL ARCO MINERO DEBE SER ESTUDIADA YA QUE SE ESTARÍA USANDO CIANURO PARA LAS OPERACIONES, LO QUE PERJUDICA A LAS ETNIAS INDÍGENAS QUE VIVEN EN LA REGIÓN.
“LOS ESTADOS INDÍGENAS, BOLÍVAR, DELTA AMACURO Y AMAZONAS SE HAN VISTO AFECTADOS. AQUÍ  HABITAN AL MENOS 20 ETNIAS INDÍGENAS”, AGREGÓ OSORIO.
CALIFICÓ COMO “UNA GRAN DEVASTACIÓN” EL IMPACTO DE LA MINERÍA, QUE SEGÚN DIJO ES MASIVO EN EL TERRITORIO NACIONAL, RESEÑÓ EL DIARIO VERSIÓN FINAL
“ES UNA GRAN DEVASTACIÓN, SE SACA TODA LA CAPA VEGETAL, QUEDA SOLAMENTE CALIZA, UN TIPO DE SUELO QUE LUEGO NO SIRVE PARA NADA”, DECLARÓ A
OSORIO DESTACÓ, TAMBIÉN, QUE CON LA EXPLOTACIÓN MINERA A GRAN ESCALA, SE VIOLA LA CONSTITUCIÓN.

miércoles, 15 de junio de 2016

Sería un crimen explotar Arco Minero del Orinoco

El Consejo de la Escuela de Antropología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, indicó que "Arco Minero del Orinoco" vulnera los derechos culturales, territoriales y de hábitat de los pueblos y comunidades indígenas que habitan la región.
"Hacemos un enérgico llamamiento (al Gobierno) para que desista de promover un proyecto que tanto por su naturaleza como por su escala parece estar destinado a arrojar un saldo de destrucción humana y ambiental de incalculables proporciones", dice el comunicado
Alertan sobre la posibilidad de que la explotación del Arco Minero del Orinoco cause profundos e irreversibles daños al ecosistema que alberga gran parte de la biodiversidad y la sociodiversidad nacionales.
"La población criolla, especialmente la campesina, sufriría asimismo los embates que un proyecto de minería a gran escala acarrea inevitablemente", declaró la escuela
Se ha omitido -indica el texto- el proceso de consulta prevista en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y no hay por lo tanto expresión de consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas radicadas en ese extenso territorio.

Red ARA rechaza decreto del Arco Minero del Orinoco


La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA) se une a diferentes organizaciones y personalidades en el rechazo a la decisión del Ejecutivo Nacional de implementar el llamado Macroproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) el cual se plantea como una pretendida solución económica ante la caída de los precios del petróleo.


Esta decisión, más que colocarnos en la senda de un desarrollo sustentable, bajo los lineamientos del artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, profundiza el actual modelo rentista y extractivista; contradice los principios de seguridad de la Nación definidos en el artículo 326 de la misma Constitución; viola derechos humanos y ambientales, desconoce obligaciones establecidas en el texto constitucional; parece derogar de hecho normas legales vigentes de protección y control ambiental; así como pretende sea implementada desechando el conocimiento científico y las prácticas ambientales reconocidas internacionalmente y la necesidad urgente de disminuir el impacto de la acción humana sobre el ambiente.


Tanto la escala del proyecto, como su enfoque economicista resultan alarmantes: En particular en el mismo resaltan los siguientes aspectos:


  •  Se está delimitando una zona a ser intervenida de cerca de 112 mil km2. Ésta representa casi 12% del territorio nacional, una superficie similar a países como Cuba o Guatemala. Asimismo se habla de la convocatoria a 150 empresas transnacionales, las cuáles, en la mayor parte de los casos, realizarían minería a cielo abierto. Jamás en la historia previa del país se había planteado esa escala de destrucción ambiental.
  • Se resalta la presencia en el AMO de recursos minerales altamente codiciados tales como: oro, diamante, coltán, hierro, bauxita y tierras raras. Pero a la vez, se oculta el hecho de que la región contiene riquezas mucho más valiosas para el país que estos minerales. Éstas incluyen una muy alta diversidad biológica, paisajes naturales únicos, la presencia del Complejo Hidroeléctrico del Bajo Caroní (productoras del 70% de la energía eléctrica nacional); así como diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, incluyendo Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de Fauna Silvestre y Reservas Forestales.
  • Se resaltan las fabulosas ganancias que serían derivadas de la explotación de los minerales presentes. Pero no se hace mención de los enormes costos que tendrá para la Nación los daños socioambientales inherentes a este tipo de proyectos. Éstos pueden incluir la pérdida de especies y ecosistemas únicos; la contaminación del agua; la colmatación de los ríos; la destrucción de paisajes; el aumento del riesgo de catástrofes tecnológicas; la pérdida y contaminación de los suelos; la bioacumulación de contaminantes en la cadena trófica; la disminución de la calidad del aire; el aumento de enfermedades infecciosas; así como el deterioro derivado, tanto del desarrollo de servicios actualmente inexistentes en el área (vialidad, vivienda, salud, educación) como del posible crecimiento urbano no planificado en los alrededores de las zonas mineras, entre otros efectos.
  •  Se intenta convencer al país sobre la supuesta base ecológica (Ecosocialista) que tendrían los proyectos mineros realizados en el AMO. Pero se oculta el hecho de que la experiencia global indica de manera innegable que no existe en ninguna parte del mundo ejemplos de una pretendida “minería ecológica” y mucho menos con las metodologías propuestas. Que por lo contrario la minería es y será una actividad ambientalmente destructiva y a largo plazo económicamente insustentable. Bajo esas premisas, los países responsables, buscan desarrollar proyectos mineros de bajo impacto, a escalas manejables, en territorios estrictamente delimitados por procesos profesionales de ordenación del territorio y bajo control riguroso, tanto gubernamental como social.
  • Aunque el decreto y sus proponentes hacen mención de que se respetarán los derechos de las comunidades indígenas presentes en el territorio afectado por el AMO, en contraste, diversas organizaciones indígenas han denunciado que estas comunidades no fueron consultadas. Por ello, este proyecto no cuenta con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas existentes en la zona, tal como lo exige la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Ello es más preocupante, debido a que existen sólidas razones para afirmar que este proyecto vulnerará derechos humanos fundamentales, así como culturales, territoriales y de hábitat de los pueblos y comunidades tanto indígenas como criollas que habitan la región. Estas comunidades tienen el derecho a construirse un futuro más allá de convertirse en meros trabajadores asalariados de las empresas mineras y a la destrucción definitiva de sus territorios, sus hábitats y sus culturas.


Todo lo anterior, se magnifica debido a la extraordinaria opacidad y aparente improvisación con que se realizó este proyecto.


En tal sentido nos preocupa enormemente el desconocimiento del historial socio-ambiental de las empresas interesadas en obtener concesiones en el AMO. En los pocos casos donde se ha informado el nombre de alguna empresa, existen dudas sobre las responsabilidades que asumirán las mismas con la legislación y futuro del país.


Asimismo, es alarmante la incertidumbre sobre quiénes serán los garantes del cumplimiento de nuestra ya pisoteada legislación ambiental. Como fue denunciado previamente por la Red ARA, un precedente nefasto fue la eliminación del Ministerio del Ambiente en el año 2015 y la posterior creación de un Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. El primero de ellos, creado en 1977, había acumulado una extensa experiencia en materia de metodologías y prácticas relacionadas con el control ambiental. Por su parte, el nuevo ministerio se crea sobre una base doctrinaria política y no técnica, a partir del cual no solo se desechó el legado de experiencias y conocimientos del Ministerio del Ambiente, sino que se ha producido un desmantelamiento sistemático del capital humano de esa institución a través de la persecución, hostigamiento y menoscabo de las condiciones de trabajo de los funcionarios que laboran en el mismo.


Más recientemente, en un nuevo y peligroso giro institucional, el Presidente de la República anunció la creación de un “Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico”, que entre otras competencias tendría la de conceder las autorizaciones ambientales en el AMO. Resulta por lo menos asombroso pensar en un Ministerio dirigido a la promoción minera, controle de manera idónea y responsable el desempeño ambiental de las cientos de empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos mineros en toda el área incluida en el AMO. Esto último además, sin experiencia previa, ni estructura organizativa, funcional, ni operativa.


En función de lo anterior, la Red ARA considera que el AMO representa un peligro mayor para el ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de la población, tanto en la región de Guayana como en todo el país, incluso con posibles repercusiones internacionales debido a la diseminación a gran escala de contaminantes. En tal sentido, consideramos que, si este proyecto es implementado, pudiera convertirse en el mayor ecocidio jamás perpetrado en el país y potencialmente en un etnocidio que destruiría los pueblos y culturas originarios presentes en la zona.


En contraste con el AMO, creemos que toda la cuenca del Orinoco contiene suficiente potencial biológico, socionatural y cultural que permitiría fácilmente plantear un “Arco de Desarrollo Sustentable del Orinoco”, donde la protección ambiental y de las comunidades indígenas se articule con diversas alternativas económicas sustentables, tales como la agroecología, el ecoturismo y el uso sustentable de los recursos biológicos locales, entre otras posibilidades. Ello sin dejar de lado los planes de vida de nuestros pueblos y comunidades originarias. Estas propuestas pueden resultar en un desarrollo productivo a largo plazo de las comunidades locales tanto indígenas como criollas.


Por estas razones, la Red ARA:

  • Exige al Ejecutivo Nacional derogar de manera inmediata el Decreto N° 2.248, publicado en Gaceta Oficial N° 40.855, de fecha 24 de febrero del 2016.
  • Exhorta a las autoridades nacionales y regionales a iniciar un diálogo efectivo, incluyente y democrático con todos los actores sociales en la Guayana venezolana, conducente a iniciar un programa de desarrollo regional basado en criterios de sustentabilidad, democracia, justicia social, participación protagónica y respeto por los derechos humanos.
  • Alerta a la comunidad internacional y en particular a las organizaciones ambientalistas en todo el mundo a activarse en el rechazo al proyecto del Arco Minero del Orinoco y en solicitar al Ejecutivo Nacional de Venezuela derogarlo de manera inmediata.
  • Propone a toda la ciudadanía y en particular a las organizaciones, movimientos ambientales, organizaciones de desarrollo social, de defensa de los Derechos Humanos, grupos de opinión, universidades, academias, y otras instituciones del país, a unir fuerzas en la defensa de los derechos ambientales de Venezuela y en este contexto en el rechazo unánime y activo contra el decreto del Arco Minero del Orinoco.


Red ARA / Junio 2016



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