Comunicado del Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Ante la dramática situación de salud de los pueblos indígenas en Venezuela
Los pueblos indígenas de Venezuela han sido históricamente uno de los sectores de la sociedad más marginados y desatendidos por el Estado y con una de las situaciones de salud más precarias de todo el país. En medio de la crisis multidimensional que vivimos en la actualidad, destaca en grado superlativo el acelerado deterioro de la salud pública entre los pueblos y comunidades originarias en distintas regiones y zonas de la geografía nacional, así como la casi inexistencia de respuestas institucionales eficaces por parte de las instituciones competentes.
La población indígena es la que suele tener mayores riesgos de contraer numerosas enfermedades como el sarampión o la difteria (prevenibles con vacunas); tienen mayores probabilidades de morir por estas y otros males como la desnutrición, la tuberculosis, la anemia, las parasitosis intestinales o complicaciones en los partos; tienen altos índices de mortalidad infantil (en algunos pueblos son muy elevados) y la esperanza de vida al nacer puede ser muy inferior a la media nacional.
En las últimas semanas se ha venido denunciando un brote de malaria con varios fallecidos entre los pumé-yaruro de Apure; una enfermedad desconocida pero letal entre los yukpa y barí en Perijá; sarampión entre los warao y yanomami. De acuerdo con la OPS (2018), 33 de las 44 defunciones confirmadas por sarampión en Venezuela ocurrieron en comunidades indígenas del estado Delta Amacuro y se encuentran en investigación otras 53 muertes notificadas en comunidades yanomami. Sin embargo, los testimonios in situ señalan que la cantidad de decesos puede ser aún mayor.
Todo esto se suma al señalamiento de ya larga data sobre la presencia masiva de VIH entre los warao de Delta Amacuro; unido a severos brotes de malaria en comunidades indígenas de los estados Bolívar y Amazonas que vienen acaeciendo desde hace unos 2 o 3 años, lo cual ha provocado defunciones en comunidades joti, eñepa y wotjuja. Esta situación se despliega en diferentes grados en gran parte del territorio nacional.
Es también harto conocida la migración forzosa de miles de warao hacia Boavista, estado de Roraima, en la vecina República del Brasil: algo que no cuenta con antecedentes en toda la historia migratoria de nuestro país, aunque reconocemos que la situación anterior no era ni medianamente satisfactoria.
Otro hecho inaceptable es la fuerte militarización de las comunidades indígenas de los estados Bolívar y Amazonas entre otras, acompañada por la prédica de que todos tenemos que ofrendar nuestras vidas en caso de algún conflicto bélico, sin considerar el hecho de que nuestra población indígena no sobrepasa al 3% de la población nacional y que a una parte mayoritaria de ella no le interesa la guerra.
Estamos llegando a un punto límite: tiene que haber una respuesta inmediata y sistémica por parte del Estado, principal responsable de garantizar los derechos a la vida, salud y nutrición de toda la población. La situación descrita representa un peligro extremo para la sobrevivencia de los pueblos indígenas y de sus aportes extraordinarios –todavía poco conocidos– para un gran diálogo pluri e intercultural en pos de la salvación del Planeta.
Lejos de haberse resuelto el problema secular de los pueblos originarios, en estos últimos años se ha dado un retroceso inaceptable e injustificable, fruto de la negligencia absoluta y la falta total de voluntad política para lograr revertir una catástrofe multiétnica, cuya amenaza hace muchísimos años creíamos haber superado. Es en este contexto de progresivo deterioro general de sus condiciones de vida que se produce esta grave situación de salud.
Solicitamos, como medida de corto plazo un plan urgente de atención y vacunación, ya que peligra sensiblemente la vida de numerosos integrantes de estos pueblos y comunidades indígenas.
Exhortamos al Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la Dirección General de Salud Indígena e Intercultural, la representación de OPS/OMS en Venezuela, la Defensoría del Pueblo y los demás entes gubernamentales responsables en la materia, a dar prioridad a la problemática de salud y alimentación de los pueblos indígenas e implementar con urgencia acciones adecuadas y efectivas.
Por otro lado, es fundamental contrarrestar el auge de la minería ilegal en los territorios de la región Guayana, que está amenazando no sólo sus ecosistemas sino la sobrevivencia de estos pueblos originarios. El acelerado incremento de enfermedades como la malaria está estrechamente vinculado con el crecimiento de este tipo de minería, además de generar violencia sobre las comunidades y desplazamientos forzados.
Por último, exigimos la puesta en marcha de políticas públicas que puedan reivindicar los derechos fundamentales indígenas y fortalecer sus tejidos comunitarios ante la gravedad de la crisis actual. Hasta la fecha, siguen sin completarse satisfactoriamente los procesos de demarcación y titulación de tierras indígenas, tal y como lo establece la constitución.
A las organizaciones sociales, a los académicos y a la opinión pública, invitamos a involucrarse y movilizarse ante esta grave situación en materia de salud. Los pueblos originarios constituyen una parte esencial de nuestra identidad y patrimonio como nación; son los principales defensores de las aguas y la biodiversidad del país; y encarnan modos de vida y saberes de los cuales podríamos aprender para salir de la crisis profunda que vive la sociedad venezolana en la actualidad.
Sólo la defensa de los derechos humanos, de los bienes comunes en la naturaleza y de las territorialidades que habitan los pueblos, detendrá esta catástrofe.
Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Esteban Emilio Mosonyi
Aimé Tillet
Emiliano Teran Mantovani
Francisco Javier Velasco
Liliana Buitrago
Edgardo Lander
Juan Manuel Planas
