#NoAlArcoMinero. La consigna nacional se convirtió en una etiqueta de
Twitter este lunes 8 de agosto para promover otro
gran tuitazo en favor de la causa que busca impedir la materialización del proyecto que está próximo a ejecutarse en 111.846,70 kilómetros cuadrados de la cuenca del río Orinoco, al sur del país. La iniciativa, en esta ocasión, es del Comité de Acción Contra el Arco Minero del Orinoco (AMO),
@ComiteContraAMO.
En virtud de que el viernes el Gobierno nacional firmó un acuerdo con empresas transnacionales para que arranquen a trabajar en Venezuela en la extracción de los diversos minerales del subsuelo nacional que contempla el AMO, Correo del Caroní hace un recuento de los pronunciamientos nacionales e internacionales que se han hecho en contra de este plan estatal que, según expertos, representa una inminente amenaza a la biodiversidad de un área que representa la mayor reserva de agua dulce del país.
Hace dos meses exactamente, el 8 de junio, se convocó al
primer tuitazo mundial en contra de este proyecto minero, que explotará el 12,2 por ciento del territorio nacional. En esta oportunidad, la convocatoria vino de la mano de la coalición ambiental 350.org Global Power Shift, cofundada por el ambientalista Bill Mckibben y conformada por jóvenes activistas en contra del cambio climático.
El tuitazo de este lunes estuvo convocado para las 12:00 del mediodía y 8:00 de la noche.
Político-ciudadanas
El 6 de agosto, el Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev) realizó un encuentro para
recabar firmas en contra del AMO, con el fin de consignarlas en la Asamblea Nacional (AN), para exigir desde esta instancia la anulación del plan minero que fue aprobado el 24 de febrero.
La directora regional de Movev, Pastora Medina, reveló que el reclamo se elevará a instancias internacionales como el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Parlamento del Mercosur (Parlasur), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“No hay ninguna tecnología de la minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental, las experiencias ambientales son contundentes. Cuando fui ministra del Ambiente se suspendió esa primera concesión. El presidente Chávez nos dijo en su momento ese oro se queda debajo de la tierra. Por eso defiendo ese legado”.
El diputado opositor por el estado Bolívar, Américo De Grazia, declaró el sábado que “lo que se está haciendo es una vulgar entrega del país en este acto nulo e írrito pues se trata de una negociación que no cuenta con la aprobación constitucional, que no ha sido legitimada por la Asamblea Nacional. Se legalizan el crimen ecológico, el etnocidio y el genocidio que henos venido denunciando”, al referirse a la ceremonia que protagonizó el presidente Nicolás Maduro el viernes, donde se firmaron contratos por más de 4.500 millones de dólares.
Amnistía Internacional – Venezuela emitió un comunicado el 8 de julio desde donde no solo alerta sobre los riesgos ambientales sino la
violación a los derechos de los pueblos indígenas y de los trabajadores, al rescatar que el artículo 25 del decreto del AMO prohíbe y penaliza los derechos a la reunión, la manifestación pacífica y a la huelga, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 53, 68 y 97 de la Constitución nacional.
Universidades y asociaciones
La Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) fue de las primeras organizaciones locales en pronunciarse en contra del AMO.
La coordinadora del Centro de Investigaciones Antropológicas de la casa de estudios, Nalúa Silva, explicó en un comunicado el 12 de mayo los daños ocasionados a la cuenca del río Caura a razón de la minería, destacando que:
“Si se parara totalmente la minería en la cuenca del Caura en este momento, se tardaría por lo menos 30 años para su recuperación (…) Vemos con horror la aparición de este proyecto de
Arco Minero y la posterior creación de una comisión en la cual se insta a los indígenas a hacer minería asumiendo su protección en la realización de esta actividad”.
Estudiantes de la maestría en Ciencias Ambientales de la UNEG, realizaron un foro llamado
Arco Minero del Orinoco: La lucha por el agua, la vida y el territorio, el pasado 18 de julio, en donde explicaron el riesgo que representa para la biodiversidad de las cuencas del río Orinoco, con 939 especies corroboradas, y del río Cuyuní, con 186 especies corroboradas, así como la devastación de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), entre ellas la Sierra Imataca, y la poca reputación de las empresas permisadas para trabajar en el AMO como la canadiense Gold Reserve.
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Según este recuento, al menos nueve instituciones académicas y políticas se han pronunciado en contra del arco minero con suficientes respaldos científicos, a los que se les suman dos tuitazos y una recolección de firmas, sin contar las manifestaciones de calle que ha habido en los últimos meses en todo el país.
Además, el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un recurso de nulidad en contra del AMO, introducido por un grupo de activistas ambientales, entre ellos Ana Elisa Osorio. Sin embargo, el TSJ no ha emitido un pronunciamiento sobre ello ni ha impedido el avance de las negociaciones. La Fiscalía Ambiental tampoco. El Ministerio de Ecosocialismo y Aguas menos. El Gobierno creó un nuevo despacho, el del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico… que permitirá la explotación de la cuenca del
río padre.
En la actividad del sábado, el diputado por el estado Bolívar, Américo De Grazia, sintetizó la oposición a la medida minera: “La lucha por la defensa del arco de vida del Orinoco trasciende los partidos políticos y la ideología. Que coincidamos con Ana Elisa Osorio o Héctor Navarro lo demuestra. En Venezuela hay un futuro, pero también radica en la defensa de nuestros recursos naturales”.
