sábado, 12 de mayo de 2018

KUEKA la abuela de los Pemón


Una representación de indígenas pemones efectuó este viernes un ritual de sanación junto a la piedra Abuela Kueka como antesala al proceso de repatriación de este patrimonio cultural de Venezuela. La roca está ubicada en el parque Tiergarten en Berlín, Alemania, desde que fue alejada del  territorio nacional en 1998.


Ernesto Villegas,  ministro de Cultura, difundió la información a través de su cuenta en Twitter. Adjunto al mensaje colocó un video que muestra el ritual que dirigieron 12 chamanes del pueblo pemón.
En las fotografías y videos difundidos se observa una representación hecha por mujeres y hombres,  con su vestimenta tradicional, ofreciendo a la “Abuela Kueka” sahumerios, flores y frutas.
La piedra fue extraída en 1998 del Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, durante el gobierno del ex presidente Rafael Caldera y donada por el entonces ministro de ambiente, Héctor Hernández Mujica, al escultor alemán Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld, para formar parte de la exposición Global Stone.
Esta roca de jaspe, que pesa alrededor 30 toneladas y representa a una persona convertida en piedra, es un símbolo sagrado para el pueblo Pemón de la Gran Sabana y fue reconocida en 1994 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
En el 2000, el Instituto del Patrimonio Cultural empezó a gestionar a través del Ministerio para Relaciones Exteriores los trámites de su regreso y, desde 2010, el gobierno nacional ha solicitado a Alemania la devolución de la piedra a Venezuela.
Durante el mes de abril del año actual, una delegación venezolana encabezada por el ministro Villegas participó en una reunión de la Unesco en París, Francia, en la que solicitó al organismo intermediar para el retorno del monumento a la Gran Sabana.

martes, 10 de abril de 2018

Reactivan navegación en el eje fluvial Orinoco-Apure


El gobernador del estado Apure, Ramón Alonso Carrizales restituyó este viernes el paso por eje fluvial del Orinoco, ubicado en esa entidad federal, uno de los primeros a nivel mundial en puentes elevados.
"Este hecho histórico permitirá reabrir la navegación de alto calado por el río Apure y la reactivación del Eje Orinoco- Apure, luego de más de medio siglo de cierre".
"Tendremos una autosuficiencia en nuestras operaciones petroleras. Nos permitirá ahorrar una tremenda cantidad de dinero y tiempo", explicó más adelante el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino.
Asimismo, comunicó que fue hecho con mano de obra venezolana y se tiene previsto el plan de 100 megavatios, de los cual "estamos capacitando 60".

Proyectos en función del Eje Orinoco-Apure


A fines de octubre de 1982, investigadores se preguntaban si el  Ministerio del Ambiente y Recursos Renovables habían hecho estudios ecológicos previos con relación al anunciado proyecto “Eje de Navegabilidad Apure-Orinoco”.
         Este proyecto estimado entonces en 40 mil millones de bolívares buscaba hacer navegable estos dos grandes ríos y utilizarlo como fuente de energía.
         En el Orinoco se construirían tres presas para asegurar que durante todo el año se permita la navegación casi hasta San Fernando de Apure. Los organismos encargados de llevar a cabo el proyecto, estos son, el Marnr, Mindur, y Petróleos de Venezuela, lo implementaban conjuntamente con los planes de industrialización de la Faja Petrolífera del Orinoco. En 1982 se hallaban en la etapa de planificación a fin de arrancar el año siguiente.
         Pero, ¿Cuál sería el impacto de esa gigantesca obra desde el punto de vista ecológico y social? ¿Se hacían acaso estudios ecológicos previos para prevenir repercusiones negativas a posterior? Se preguntaba el biólogo de la CVG Daniel Novoa y los profesores de la UDO J. N. Perfetti y Eduardo Jahn (los tres en la foto).
         Daniel Novoa, jefe del Departamento Pesquero de la CVG, envió una comunicación al ingeniero Germán Uzcátegui, viceministro del Marnr, sobre el asunto, recordándole que proyectos como el que se anunciaba para el Orinoco y Apure, se ejecutaron en los ríos Nilo, Nigel Zambesí, Nope, Kainji, Alambra y otros con incalculables daños al sistema ecológico.
         Sería bueno tomar en cuenta esa experiencia par que a largo plazo no tengamos que lamentarnos, nos comentó Novoa.
         Desde la Urbana hasta Barrancas del Orinoco, cinco mil hombres cabeza de familias, viven de la pesca artesanal.   Represar el río regularizaría su causal eliminando el ciclo anual inundación estiaje y cortando el proceso de fertilización de las zonas aledañas al mismo tiempo. La pesca desaparecería en forma tal ya que la mayoría de los peces efectúan largas migraciones, río arriba, hacia las áreas de desove durante el “pico” de inundación cuando hay más espacio y alimentos para las crías. Las represas serían un obstáculo infranqueable. La agricultura del estiaje también desaparecería y con ello su gran potencial, al igual que la inundación de las lagunas marginales, asiento de la producción pesquera más grande de todo el sistema Orinoco.

         El director del Centro de Geociencias del Núcleo Bolívar de la UDO, compartía la inquietud del jefe del departamento pesquero de la CVG, pero dejando en claro que el progreso no se puede detener. Si las obras son buenas para la navegabilidad y el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico deben hacerse, pero sobre la base de un estudio integral en el que esté comprendido el aspecto ecológico. Estudiar y ver cómo debe restituírsele al río, en este caso, la pesquería y la agricultura, lo que se alteraría por la modificación del medio. El doctor Eduardo Jahn Montaubán, médico y antropólogo, veia el proyecto “Eje de Navegabilidad Apure-Orinoco” como aparentemente imposible debido a su altísimo costo y a los trastornos que causaría a la ictiofauna y agricultura ribereña. Estaba de acuerdo con el biólogo Novoa en reclamar un foro abierto sobre el tema, pues sería una desgracia que la pesquería y agricultura del Orinoco que ha dado alimentos durante siete mil años a sus pobladores se vaya a acabar a largo plazo por imprevisiones. Coincide con el profesor Perfetti en el sentido de trazar los parámetros que alteren el medio y responder a la pregunta si pueden subsanarse. De no poderse remediar habría que pensar en el dragado para la navegación continua del río y buscar más energía hidroeléctrica en otros ríos como el Caura. 

Un viaje de ensayo por el Eje Orinoco-apure


El 19 de octubre de 1986, la gabarra “Beta Géminis”, amadrinada a un remolcador bajo el mando de capitán Emiro Portella cubrió la ruta de 1.200 kilómetros del llamado Eje Orinoco-Apure en un lapso de cinco días transportando 340 toneladas de carbón coque tachirense para los altos hornos de la Planta Siderúrgica de Matanzas.       
         Por supuesto que no era la primera vez que se hacía esta travesía fluvial de un extremo a otro de Venezuela. Desde la época de la Colonia pasando por las diferentes etapas de la República se solía navegar esta ruta con embarcaciones menores. A falta de carreteras para ir de un lado a otro de nuestra geografía está, la de Apure-Orinoco, era la mejor vía, menos obstáculos, más placentero, un paisaje exuberante y un ambiente natural con dos siglo menos de maltratos.         
         Había entonces un comercio fluvial y de cabotaje muy activo que se vino perdiendo a medida que otros medios de transporte y otras vías de comunicación se hicieron más rápidos y expeditos.
         Ahora que no hay dinero y recurso suficientes para mantener y usar esos medios y vías de progreso, se estaba pensando en rehabilitar o reactivar eso que ahora se ha dado en llamar por asociación la “gran autopista fluvial Apure-Orinoco”. Una autopista que si se limpia y se cultiva podrá devolvernos el comercio y movimiento humano florecientes de otros tiempos.
         Y eso es lo que se proponía su principal gestionador, el nativo Leopoldo Sucre Figarella, ministro de estado y presidente de la CVG, aprovechando la coyuntura del coque occidental que requiere la Planta Siderúrgica. Del Táchira nos enviarían coque, pero de aquí le devolveríamos cemento, cabilla y hasta hierro en bruto para la Planta Siderúrgica que se proyectaba en el Zulia y reactivada la vía Orinoco-Apure a través de empresas fluviales que se formarían, surgirían otros renglones comerciales que se necesitan a lo largo de toda esa dimensión geográfica.
Para ese año se tenían disponi­bles 160 mil toneladas de carbón, fosfato, minerales que serán llevados desde Guas­dualito hasta Puerto Ordáz. Las posibilidades de transportar grandes vo­lúmenes de carga a través del eje fluvial Apure-Orinoco se veían entonces promisorias y dignas de inversiones. Este eje une la zona de Guayana y el Atlántico con el occidente del país, y constituye una alternativa de primer orden para absorber el incremento del transporte que se estaba generando. Su zona de influencia está conformada por la región minero-indus­trial, la agropecuaria del sur y occidente del país. También las áreas agropecuarias e industriales de los llanos centrales, oc­cidentales y la región minero-industrial de Guayana.
El Orinoco y su afluente principal, el Apure, constituían la base de un sistema de transporte capaz de comunicar regiones agrícolas, petroleras y mineras con los complejos industriales existentes en el país, impulsando el comercio exterior por el océano Atlántico.

Para dar inicio a este comercio exterior se elaboró un programa conjunto de pro­moción de exportaciones, en el Táchira y distrito Páez del estado Apure. Se firmó un convenio entre el presidente de la uni­dad de programación especial para el de­sarrollo del suroeste de Venezuela, UPE, y el presidente del Instituto de Comercio Exterior. Dentro de las cláusulas se establecía que el ICE actuaría como organismo coordinador del programa, y ejercería, entre otras atribuciones, la de dictar orientaciones que debían regir el programa de coordinar las acciones necesarias para la puesta en marcha y mejor conducción del programa; capacitar a los funciona­rios, prestar asistencia técnica, orienta­ción e información sobre comercio exte­rior a los usuarios de las regiones en cuan­to los trámites de exportación. 

domingo, 17 de diciembre de 2017

El Arco Minero y El Paradise Papers


Por ROBERTO DENIZ
17 DE DICIEMBRE DE 2017 01:20 AM | ACTUALIZADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2017 08:49 AM
El yacimiento minero más grande de Venezuela y la pequeña isla de Barbados están conectados. Aunque separados por más de mil kilómetros de distancia, ambos puntos geográficos están unidos en el negocio surgido de la delimitación del Arco Minero del Orinoco por parte del gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2016. Si en el sur de Venezuela reinó durante años el contrabando, así como la minería artesanal e informal, ahora se levantan las bases de una apresurada explotación con empresas mixtas entre el Estado y compañías privadas con sociedades en la isla caribeña.
Por alguna razón, no del todo clara, esa actividad en un área de casi 112.000 kilómetros cuadrados en el norte del estado Bolívar y en el sur del río Orinoco, según el decreto presidencial 2248 publiado en la Gaceta Oficial 40855 del 24 de febrero de 2016, y con la que el gobierno de Venezuela pretende suplir el declive de los precios petroleros y el desplome de la producción de crudo, ha terminado ligada a empresas registradas en ese pequeño paraíso fiscal llamado Barbados. Es el caso de Corporación Faoz, una desconocida compañía venezolana que en agosto de 2016 firmó un acuerdo con el Ejecutivo para la explotación de coltán, un mineral estratégico conocido como el “oro azul” y anhelado por industrias como la de telecomunicaciones.
“En el año 2013-2014 participaron en la exploración de yacimientos de fosfato en el estado Táchira y en 2016 presentaron el proyecto de empresa mixta con la República Bolivariana de Venezuela para la exploración y explotación del yacimiento de tantalio y niobio en el estado Bolívar”, dijo a modo de justificación el presentador sobre Corporación Faoz en un acto celebrado el 5 de agosto de 2016 en el Banco Central de Venezuela.
Ahora la filtración Paradise Papers permite conocer que tres años antes de que adoptara el nombre de Corporación Faoz la empresa había creado una sociedad homónima en Barbados, como si anticipara lo que estaba por venir. Se trata de Faoz Corp, inscrita el 13 de mayo de 2013, apenas dos meses después de la muerte de Hugo Chávez y a uno de la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República. El Arco Minero del Orinoco aún no aparecía en el horizonte.
En busca del coltán. El 5 de agosto de 2016 fue Luisa Herminia Alcalá Otero quien firmó un acuerdo con el gobierno a nombre de la compañía, representado por el entonces ministro del Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Aquel convenio se oficializó casi tres meses después con el decreto presidencial 2359, publicado en la Gaceta Oficial 41026. Allí nació la sociedad Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza (Emmepsa), cuyo 55% del capital accionario pertenece a la estatal Corporación Venezolana de Minería y el resto 45% a Corporación Faoz. Como director de la sociedad en Barbados figura otro integrante de la familia Alcalá: Rafael Enrique Solórzano Alcalá.
Los papeles de registro indican que la compañía fue creada para dedicarse a la consultoría, inversiones y desarrollo de proyectos en la industria minera. La empresa no respondió a la solicitud enviada por correo electrónico, ni a la petición que se realizó en las oficinas de Emmepsa, en la Torre Hener en El Rosal. Hasta allí redirigen a quienes llegan a la Torre Teaca, en la misma urbanización capitalina, y donde quedan las oficinas de Corporación Faoz, según su sitio electrónico. “Por ser una compañía mixta debemos solicitar la autorización del ministerio”, advirtió uno de los empleados.
Una resolución del Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico, publicada el 6 de diciembre de 2016 en la Gaceta Oficial41046, determinó que la empresa mixta tendría derecho a la “exploración y explotación de minas y yacimientos de tantalio-niobio (coltán), ilmenita, casiterita, estaño, circón, cuarzo, granito, diamantes y oro, incluso su aprovechamiento”, en una superficie de 10.201 hectáreas ubicada en el municipio Cedeño en el estado Bolívar. En esa Gaceta Oficial también quedó claro que a la Corporación Faoz apenas le bastó inyectar 450.000 bolívares –45% del capital accionario de la empresa mixta– para entrar en el negocio, de acuerdo con el acta de la asamblea de accionistas publicada allí.
Precisamente en esa y otras actas de las asambleas de los accionistas quedan en evidencia aspectos llamativos sobre la ahora socia del Estado venezolano. Originalmente Corporación Faoz, creada en 1992, se llamó Construcciones Faría y solo adoptó el nuevo nombre el 29 de julio de 2016, apenas días antes de cerrar el acuerdo con el gobierno de Venezuela para entrar en el Arco Minero del Orinoco. En su web la compañía simplemente explica: “Somos una empresa fundada en 1992 dedicada al área de la construcción. Prontamente diversificamos nuestras operaciones hacia el ámbito de la minería, llevando a cabo proyectos de investigación, exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos”.
El negocio de Corporación Faoz no termina allí. También está relacionada con la Empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta, que en el acto celebrado el 5 de agosto de 2016 en el BCV, selló otro convenio con el gobierno. Por Ecomine firmó otro Alcalá, esta vez, Félix Ángel Oliveros Alcalá, quien también aparece como presidente de Corporación Faoz en algunas actas de las asambleas de accionistas de Emmepsa.
El 9 de septiembre la Agencia Venezolana de Noticias informó que la empresa mixta Emmepsa logró producir la “primera tonelada de coltán”, noticia que también fue divulgada por Corporación Faoz en su web. De acuerdo con la reseña, los1.000 kilogramos del mineral fueron extraídos “a la par que se calibraba la maquinaria y el sistema mecánico que regirá las operaciones en las minas situadas en el sector Los Pijiguaos, en el estado Bolívar”.
Sobre la comercialización del mineral, el presidente de la compañía, César Sanguinetti, dijo a AVN: “Estamos esperando el aspecto legal para proceder a la primera venta que es un hecho histórico del pueblo venezolano, ya que por primera vez incursionamos en este campo que es el mineral del coltán”. Años atrás, en 2009, el propio Hugo Chávez admitió que descubrieron mafias dedicadas al contrabando del mineral. “Ahora apareció un mineral estratégico que se llama coltán y hemos tomado la zona militarmente porque se lo estaban llevando de contrabando para Colombia, explotándolo de manera ilegal. Todavía no sabemos la cantidad de reserva que tenemos, pero por las informaciones que llegan es una reserva grande”, manifestó Chávez hace ocho años.
El asunto todavía no parece resuelto del todo, pese al apuro del gobierno para obtener con la explotación minera los recursos que el petróleo no está aportando a las menguadas arcas venezolanas. “Palestina está invirtiendo en coltán”, soltó Maduro a comienzos de diciembre mientras anunciaba un “plan de ordenamiento del Arco Minero del Orinoco”.  “¡Vengan ustedes! Diamante, oro. Empresarios palestinos del mundo entero vengan a Venezuela, esta es su patria, esta es la Jerusalén de América, Venezuela”, insistió.
Esas prisas que desde el año pasado muestra Maduro por la explotación de una de las zonas naturales más importantes de Venezuela ha sido cuestionada fervientemente por movimientos ecologistas y por funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, como los ex ministros Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro o el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana, Clíver Alcalá Cordones, que han intentado acciones legales, infructuosamente ante el Tribunal Supremo de Justicia, contra los decretos presidenciales asociados al Arco Minero del Orinoco.
Chávez los expulsó, Maduro pactó. Curiosamente Corporación Faoz no es la única empresa favorecida por el gobierno que cuenta con sociedades registradas en la isla de Barbados. A esa jurisdicción también acudió la minera canadiense Gold Reserve, a la que Chávez suspendió en 2009 una concesión para explotar las minas de Las Brisas y Las Cristinas en el estado Bolívar, para integrar la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera. Esa compañía fue parte del acuerdo al que llegó Maduro luego de que en 2014 la minera obtuvo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones un laudo arbitral por poco más de 700 millones de dólares como indemnización por aquella decisión de Chávez.
“De un conflicto y un pleito que teníamos, ahora somos socios para el desarrollo de un proyecto de más de 5 millardos de dólares”, argumentó Maduro en febrero de 2016 cuando aprobó el decreto del Arco Minero del Orinoco. El pacto en realidad obliga a Venezuela a saldar el laudo que ascendió a casi 800 millones de dólares por los intereses que corrieron hasta 2016, con erogaciones mensuales hasta mediados de 2019. Además, Venezuela deberá pagar otros 240 millones de dólares por la información técnica de las minas que Gold Reserve levantó durante años y que servirá para la operación de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera.
Formalmente la compañía se constituyó el 30 de septiembre de 2016, de acuerdo con el decreto presidencial 2465 publicado en la Gaceta Oficial 41000, en la que quedó establecido que la alianza era entre la Corporación Venezolana de Minería y la sociedad GR Mining, Inc. de Barbados.
Los Paradise Papers muestran que esa empresa fue creada en la isla caribeña el 15 de abril de 2016 y tiene como directores a Alexander D. Belanger y a Robert A. Mcguinness, ambos directivos de Gold Reserve. Ese mismo día la minera canadiense también inscribió en esa jurisdicción a la sociedad GR Engineering, Inc. “GR Engineering, Inc. brinda servicios de ingeniería, adquisición y construcción a Siembra Minera con un arancel de 5% sobre todos los costos de construcción y desarrollo, y una comisión de 5% sobre los costos operativos durante las operaciones”, explica la el sitio web de Gold Reserve.
Hasta el 30 de junio de 2017 Gold Reserve había gastado aproximadamente 7 millones de dólares en el proceso de integración de la Empresa Mixta Siembra Minera. Una resolución del Ministerio del Desarrollo Ecológico Minero, fechada el 2 de noviembre de 2016, confirmó que la compañía tendría el derecho a la explotación minera en un área de 18.951 hectáreas en el municipio Sifontes en el estado Bolívar. Finalmente, en marzo de este año otro decreto presidencial terminó por confirmar el derecho de la empresa a la extracción de las minas de oro en el área delimitada.
Mientras el gobierno y las empresas apuestan por captar recursos, organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos alertan que el Arco Minero del Orinoco va del “tumbo al tambo” y que es necesario elaborar un “legítimo e indiscutible plan minero nacional a largo plazo”.



sábado, 3 de junio de 2017

Vendido al Imperialismo Afro-Asiático Arco Minero de Guayana

Pasa desapercibido el enorme saqueo que están haciendo en el Arco Minero de Guayana, conducido, avalado y negociado por Jorge Arreaza (del gang Chávez) El negocio cerrado ayer con empresarios sudafricanos por un monto de más de mil millones de dólares contempla el dragado hasta de las represas de Guri y las cabeceras de los ríos para la extracción de diamantes. Esto afectará más la tenencia, ocupación y producción de las tierras de los indígenas aborígenes y, por supuesto, el delicado equilibrio ecológico del Escudo Guayanés. Siento que el saqueo implacable de Venezuela para satisfacer la codicia de unos cuantos terminará como el caso de una persona a la que quitan poco a poco los órganos vitales, aunque la dejan vivir hasta que colapse y aun usarán los restos para algo más.

miércoles, 19 de octubre de 2016

El Arco Minero visto por científicos de la UCV

Consecuencias ambientales del Proyecto Arco Minero

Estrella Villamizar, Mayida El Souki, Luisa Villalba, Ana Teresa Herrera, Ana Yranzo, Marcia Toro, María Eugenia Grillet, Diego Griffon y Gabriela Rodríguez
Un grupo de científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, consideramos importante solicitar información acerca de las fases y procedimientos del Macroproyecto Arco Minero promulgado en Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela bajo el Decreto 2.248. Hasta los momentos se desconocen cuáles son los planes de mitigación y recuperación de las áreas que serán afectadas por la actividad de la megaminería, información que hasta los momentos es desconocida para los ciudadanos de la nación.
Debido a la gran extensión y ubicación del proyecto nos encontramos en la obligación de alertar a la nación de las posibles consecuencias ambientales que se pueden derivar de llevar a cabo actividades de megaminería en una de las áreas más diversas del país. Entre las consecuencias ambientales que consideramos más importantes están:
La actividad minera, tal y como está planteada, fragmentará los ecosistemas de la zona, en su mayoría bosques, provocarán una importante pérdida de especies tanto de flora como de fauna, algunas de las cuales ya se encuentran amenazadas. Es de destacar que muchas de las especies de la zona son endémicas, es decir, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.
Los bosques continuos que queden en pie correrán riesgo de degradarse progresivamente dada las severas condiciones que tendrán las áreas deforestadas, las cuales propician sequias locales, mayor efecto del viento que favorecerá la continua caída y muerte de árboles que queden expuestos.
La zona del sur del Orinoco representa el área con mayor biodiversidad del país. Se estima que más de la mitad de especies de la fauna del país habita en esta zona del territorio nacional, entre las que se incluyen especies emblemáticas como el manatí, la tonina rosada, el caimán del Orinoco y la tortuga Arrau. Especies que ya se encuentran amenazadas.
La inevitable perdida de especies de fauna que se producirá de llevar a cabo esta actividad en la extensión propuesta en este proyecto, hará difícil la recuperación de estos ecosistemas, pues se estarán eliminando especies que cumplen funciones importante en la naturaleza.
El tipo de minería planteada, producirá la modificación del terreno y pérdida de suelo. En las áreas que requieren la minería a cielo abierto resulta difícil la recuperación de los ecosistemas. Esta actividad generará una enorme cantidad de sedimentos que tendrán a su vez compuestos contaminantes como en el caso del cianuro, que se convertirán en un pasivo ambiental.  La deforestación masiva impactaría la región más antigua del planeta, a la cual le ha llevado más de 4.000 millones de años desarrollarse sin posible recuperación.
En cuanto a la salud también se tendrán efectos catastróficos. Por ejemplo:
Las zonas deforestadas y donde se generen pozos de agua representarán condiciones idóneas para las especies de los mosquitos Anopheles darlingy y Anopheles marajoara trasmisores del plasmodiumcausante de la Malaria. Actualmente, la región del estado Bolívar ya es foco de malaria a causa de la deforestación por minería.
La contaminación atmosférica por compuestos orgánicos volátiles y partículas en suspensión, producto de las voladuras y remoción de terreno, producirían enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como también aumento de migrañas, gastroenteritis, enfermedades en la piel y riesgos de cáncer en diferentes órganos vitales. Debido a que las partículas en suspensión pueden tener una trayectoria aérea importante a diferentes áreas del país, se generaría brotes de enfermedades en zonas alejadas al área del proyecto minero.
Adicionalmente, dichas partículas se depositarán en las hojas de las plantas, impidiendo la fotosíntesis y produciendo daño en los árboles locales así como también en áreas agrícolas del país debido a la dispersión aérea, afectando la seguridad alimentaria de diferentes zonas de la nación.
A pesar de que se piensa que el cianuro es menos contaminante que el mercurio, ya que este compuesto puede descomponerse de forma natural en el ambiente dando productos no tóxicos, esto sólo podría ocurrir si el cianuro se encuentra en bajas concentraciones y en condiciones de un medio neutro con suficiente luz solar. Sabemos, por experiencia de otras actividades mineras en la región, que para poder disolver oro se necesitan 350 mg de cianuro por litro de agua, y en un proyecto de esta magnitud se necesitaría miles de litros de agua y en caso de un accidente de derrame de cianuro, el cual es factible ya que ha ocurrido en otras zonas de Latinoamérica (Ej: Mina Veladero Argentina,) la descomposición natural podría ser poco probable ya que extensas áreas de la cuenca del Orinoco son zonas oscuras y muy turbias, que impedirían la descomposición.
El daño en los ecosistemas acuáticos de la región, debido a la tala de bosques, erosión de los suelos, sedimentación en los cursos de agua y alteración del régimen fluvial por embalses y distritos de riegos afectará irremediablemente la biodiversidad acuática y los recursos pesqueros continentales del país.
Todos los sedimentos y químicos producidos por la minería, desembocarían en el Océano Atlántico y el Mar Caribe a través del Delta del Orinoco, lo que ocasionará importantes implicaciones en otros ecosistemas marino costero y oceánico, dentro y fuera de nuestras fronteras, alcanzando la región del Caribe Sur (no sólo nuestra costa e islas oceánicas, sino que podría alcanzar a las Antillas holandesas) y el Caribe oriental (desde las Antillas menores hasta Puerto Rico).
Buena parte de la alta productividad pesquera del noreste del país se debe a la influencia del río Orinoco y sus aguas enriquecidas en nutrientes. No obstante, si las concentraciones de micronutrientes aumentan significativamente ante aportes antropogénicos, tal como se espera con las actividades mineras, se produciría un colapso del sistema costero con altas consecuencias sobre los recursos marinos pesqueros del país.
Se espera que la actividad minera genere una alta descarga sedimentaria que traería cambios negativos en la producción pesquera en la región del Caribe Este. Aún sin realizar el proyecto del Arco Minero, se ha reportado que en época de abundantes lluvias hay descensos significativos en la salinidad y aumentos importantes en la temperatura, que generan alta susceptibilidad en peces a infecciones bacterianas. Igualmente, se ha reportado que a través de la descarga del río Orinoco puede ocurrir la dispersión de patógenos producto de contaminantes de origen antropogénico, provocando mortandad masiva de peces en la región.
Finalmente, hay que destacar que la temporada de huracanes del Atlántico coincide con la época de mayor descarga de agua del río Orinoco. Las evidencias demuestran que la intensidad y duración de la mayoría de los huracanes más destructivos de la historia en la región, han sido influenciados por la interacción atmósfera-océano con la descarga de los ríos Orinoco y Amazona justo antes de llegar al Caribe. Esto implica que al generar aguas aún más cálidas debido al incremento de la descargas del río Orinoco producto de la megaminería, se generarán período de huracanes más vigorosos a los observados en los últimos meses.
De acuerdo al escenario ambiental planteado, recomendamos no solo realizar las evaluaciones ambientales que se requieran en el marco del proyecto, sino analizar el costo de la pérdida del ecosistema y los pasivos ambientales que deriven del mismo.
Sabemos que es necesario el desarrollo económico y tecnológico del país, pero respetando la legislación que rige la materia, garantizando la conservación de los ecosistemas y con ellos los servicios que estos ofrecen. Los bloques de explotación minero del proyecto incluyen varias Áreas bajo régimen de administración especial, cuya figura debe y tiene que ser respetada.
Existen países en la región, como el caso de Costa Rica, que han preferido otras actividades económicas antes que la megaminería y por ende se están dirigiendo un desarrollo sostenible. Nosotros, de desarrollar este proyecto, perderíamos la oportunidad de:
1. Aprovechar una región rica en biodiversidad de especies, de ecosistemas y culturas que permitiría el desarrollo del turismo.
2. Aprovechar especies endémicas con gran valor para la industria farmacéutica y agroalimentaria,
3. Ser ejemplo de un desarrollo que empodere a sus comunidades y las haga salir de la dependencia y de la pobreza.
4. Conservar uno de los grandes reservorios de carbono del planeta.
El resguardo y manejo responsable de las riquezas de la Guayana venezolana le permitiría no solo a Venezuela sino al planeta el equilibrio y la posibilidad de tener un desarrollo sostenible que le garantice a las generaciones futuras un ambiente sano y la posibilidad de vivir en una sociedad en equilibrio, en paz y con igualdad de oportunidades. Tenemos un gran compromiso con esta tierra, han sido muchas las injusticias que se han venido sucediendo, es hora de que la razón y la cordura prevalezca.

Publicado el 18 de octubre de 2016