jueves, 11 de agosto de 2016

Imposición del Arco Minero viola derecho a la consulta previa


El embalse de Guri | Foto cortesía
El embalse de Guri | Foto cortesía
Un informe de la Universidad de los Andes concluye que el proyecto gubernamental es la continuación del exterminio indígena
Ayer se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y las etnias venezolanas siguen marginadas de los proyectos gubernamentales en el Arco Minero del Orinoco, a pesar de que la Constitución y la ley establecen la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada sobre actividades que puedan afectar el modo de vida de los pueblos originarios.

En el foro organizado por las ONG Provea y Laboratorio de Paz se presentó el informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes.  "El gobierno ha ignorado la obligación de la consulta establecida constitucionalmente e impone una comisión presidencial para la toma unilateral de decisiones. Las primeras víctimas del Arco Minero serán los propios indígenas. Con esta acción continua el exterminio por nuevos medios", dice el documento.

Las concesiones para la explotación minera sobre una extensión de 111.843 km2 en el margen sur del Orinoco (12,2% del territorio nacional) afecta directamente a 9 pueblos indígenas: Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Ye'Kwana, Sanemá y Pemón. Ninguno de ellos ha sido consultado y sus objeciones a la minería a gran escala han sido ignoradas.

Magdaleno Cortés, presidente de la Organización Kuyujani, dijo que han documentado y denunciado ante las autoridades la contaminación con mercurio del río Yuruani. Teme que la intervención gubernamental y la instalación de transnacionales en el Arco Minero causen una migración masiva de los mineros ilegales y las mafias que controlan la minería ilegal se extiendan a otros territorios, con los consecuentes perjuicios para las 48 comunidades indígenas que habitan en la cuenca del Caura.

El otro caso grave de violación del derecho a la consulta previa es la militarización de la Guajira. José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, recordó que desde el 5 de diciembre de 2010, cuando el entonces presidente Hugo Chávez decretó la creación del Distrito Militar en la Guajira, 20 indígenas han sido asesinados, 46 heridos, 19 torturados, se han realizado aproximadamente 700 detenciones arbitrarias y el mismo número de allanamientos.

"Creció la miseria"

"Los caseríos cercanos a las explotaciones de carbón parecen un chiquero de animales, porque con la minería creció la miseria en la Guajira", afirmó José David González. Aseguró que 2 niños han muerto y otros 12 han requerido hospitalización por desnutrición. "En las 35 escuelas bolivarianas no llega comida suficiente, por eso 120 niños de Paraguachón ahora estudian en Colombia. Allá hasta becas les dan".

No hay comentarios:

Publicar un comentario